Análisis Económico, Institucional y Político - 2025
Introducción:
Colombia atraviesa un momento económico singular: la inflación se encuentra en sus niveles más bajos en años, el peso colombiano se ha revalorizado de forma significativa, las exportaciones han aumentado con diversificación más allá del carbón y el petróleo, y la transición energética avanza con políticas activas hacia la descarbonización. En teoría, todos estos factores deberían favorecer una mejora en la calificación de riesgo-país y atraer inversión internacional. Sin embargo, las agencias calificadoras mantienen a Colombia en grado especulativo, lo que genera preguntas fundamentales sobre qué factores —más allá de lo estrictamente económico— están incidiendo en esta percepción internacional negativa.
Este informe sostiene que la respuesta no se encuentra en los datos macroeconómicos, sino en los obstáculos institucionales y políticos internos. Específicamente, el papel de las altas cortes, el Congreso, el Banco de la República y la influencia del sector financiero, junto con la oposición sistemática del bloque político de derecha, han sido decisivos en impedir la consolidación de una gobernabilidad económica sostenible. Esta realidad institucional termina pesando más que los datos positivos en las decisiones de las calificadoras de riesgo.Informe Técnico - Económico y Político
Título: Factores estructurales e institucionales que explican la persistente calificación especulativa de Colombia en 2025
Resumen ejecutivo: A pesar de registrar una inflación controlada, una revaluación de su moneda, un aumento de las exportaciones y avances hacia la transición energética, Colombia mantiene una calificación crediticia especulativa (BB+), según las principales agencias calificadoras. Este documento argumenta que dicho rezago no se debe a los fundamentos macroeconómicos recientes, sino a la acción obstructiva de actores institucionales como las altas cortes, el Congreso de la República y, en menor grado, el Banco de la República. La falta de aprobación de reformas estructurales, especialmente fiscales, ha generado una percepción de ingobernabilidad que pesa más que los indicadores económicos positivos.
1. Contexto actual de la calificación crediticia de Colombia
Calificación actual (2025): BB+ (S&P y Fitch), Ba2 (Moody’s).
Estatus: Sin grado de inversión, considerado especulativo o de alto riesgo.
Consecuencias prácticas: Costos de endeudamiento más altos, menor acceso a mercados financieros internacionales, restricción de inversión institucional.
2. Indicadores macroeconómicos positivos
Inflación interanual por debajo del 5%, la más baja en varios años.
Superávit comercial creciente gracias a mayores exportaciones no tradicionales.
Revaluación del peso colombiano frente al dólar en el último año.
Transición energética en curso y políticas de descarbonización.
Estos indicadores deberían haber impulsado una mejora en la calificación, pero no ha sido así.
3. Factores institucionales que obstaculizan la mejora de calificación
a. Altas Cortes (Corte Constitucional y Consejo de Estado):
Han anulado decretos de emergencia económica y frenado reformas estructurales.
Generan inseguridad jurídica y dificultan la planeación fiscal y económica.
b. Congreso de la República:
Ha bloqueado o desnaturalizado reformas tributarias, laborales y de salud.
La falta de acuerdos legislativos sostenibles reduce la capacidad del Ejecutivo para ejecutar una agenda fiscal creíble.
c. Banco de la República:
Aunque técnicamente autónomo y prudente, ha tardado en ajustar tasas ante la mejora inflacionaria.
Su conservadurismo limita la política contracíclica y el crecimiento.
Además, se debe destacar la influencia indirecta del sector bancario en la conformación de la Junta Directiva, así como la resistencia de este sector a reducciones más agresivas de las tasas de interés. Esta oposición responde a los intereses financieros de los grandes conglomerados bancarios, que se benefician de tasas elevadas tanto en términos de rentabilidad como de control del crédito. Esta dinámica refuerza un sesgo conservador en la política monetaria, en detrimento de la reactivación económica y la sostenibilidad fiscal.
4. Conclusión: El riesgo no está en los datos, sino en la gobernabilidad
Las calificadoras no evalúan exclusivamente cifras económicas, sino la capacidad institucional de un país para sostener una trayectoria fiscal, social y política coherente. En el caso colombiano, la falta de coordinación interinstitucional, la obstrucción política y la judicialización de la política han contribuido más a la calificación especulativa que el desempeño macroeconómico reciente.
El papel de la oposición de derecha ha sido especialmente nocivo, no solo al bloquear las reformas propuestas por el gobierno, sino al fomentar una narrativa de crisis permanente, alinear sus intereses con los sectores económicos más conservadores —incluidos los bancos y gremios financieros— y promover el uso de mecanismos judiciales y legislativos para debilitar al Ejecutivo. Este comportamiento ha debilitado la percepción internacional sobre la estabilidad y viabilidad del proyecto político en curso, minando la confianza de inversionistas, agencias calificadoras y organismos multilaterales.
Recomendación: Se requiere un nuevo pacto institucional que permita la aprobación de reformas estructurales, estabilidad jurídica y gobernabilidad fiscal para recuperar la confianza internacional y mejorar la calificación soberana del país. Este pacto debe también enfrentar con decisión la captura institucional ejercida por intereses económicos y políticos que han antepuesto su agenda particular a los intereses colectivos del desarrollo nacional.
Otras notas.
Se puede argumentar con fundamento técnico y político que la mala calificación crediticia de Colombia no se explica exclusivamente por los indicadores macroeconómicos actuales (como inflación baja, aumento de exportaciones o revaluación del peso), sino por la combinación de estos con la acción (u omisión) de actores institucionales clave —especialmente las altas cortes, el Congreso y, en menor medida, el Banco de la República— que han dificultado la gobernabilidad económica y fiscal del país.
Veámoslo en detalle:
⚖️ 1. Altas Cortes (Corte Constitucional y Consejo de Estado)
Estas han tomado decisiones que han bloqueado, frenado o modificado profundamente políticas públicas del gobierno Petro. En términos económicos:
-
Han derogado decretos clave de emergencia económica, afectando herramientas fiscales del Ejecutivo.
-
Han intervenido en la regulación laboral, pensional y tributaria, creando incertidumbre jurídica para inversionistas y dificultando reformas estructurales necesarias para mejorar el perfil fiscal.
-
En ocasiones, actúan como un veto institucional paralelo, alterando el equilibrio de poderes.
🔍 Impacto en la calificación:
Las agencias de riesgo perciben estas tensiones como debilidad institucional e inestabilidad en la implementación de políticas públicas, lo cual eleva el riesgo país aunque los fundamentos macro parezcan sólidos.
🏛️ 2. Congreso de la República
-
Ha obstaculizado o diluido reformas fiscales, laborales y de salud, incluso aquellas consideradas necesarias por las agencias para mejorar la sostenibilidad fiscal.
-
Ha actuado en muchos casos no como contrapeso técnico, sino como actor político de obstrucción, con alianzas inestables y presión corporativa.
-
La falta de gobernabilidad legislativa y de acuerdos de mediano plazo para reformas estructurales genera percepción de riesgo.
🔍 Impacto en la calificación:
La falta de reformas fiscales estructurales impide mejorar el déficit y la deuda. Las agencias castigan esta incapacidad de ejecutar políticas de mediano plazo, no solo los resultados de corto plazo.
🏦 3. Banco de la República
Aunque ha actuado de forma técnica y autónoma, y ha empezado a reducir tasas, se le puede criticar por:
-
Tardar en alinear su política monetaria con la mejora inflacionaria, lo que ralentiza el crecimiento y afecta el ingreso público.
-
Mantener un discurso prudente pero conservador, sin una visión de coordinación estratégica con la política fiscal en una economía que requiere estímulo productivo.
🔍 Impacto en la calificación:
No es un actor que deteriore directamente la calificación, pero su falta de coordinación contracíclica limita la recuperación económica, afectando expectativas de sostenibilidad fiscal.
📉 ¿Entonces por qué Colombia no mejora su calificación, a pesar de sus buenos datos recientes?
Porque las calificadoras no califican solo “datos”, sino también el contexto político, la gobernabilidad y la capacidad de implementar reformas que aseguren:
-
Una trayectoria fiscal sostenible,
-
Una agenda de desarrollo productivo coherente,
-
Y una institucionalidad que funcione de manera coordinada, no en competencia o sabotaje.
En resumen:
Sí, la falta de aprobación de reformas clave, especialmente la reforma fiscal estructural, y la intervención obstructiva de las altas cortes y el Congreso han influido decisivamente en que Colombia mantenga una calificación especulativa, a pesar de tener una macroeconomía relativamente sana en el corto plazo.
Informe Técnico - Económico y Político
Título: Factores estructurales e institucionales que explican la persistente calificación especulativa de Colombia en 2025
Resumen ejecutivo: A pesar de registrar una inflación controlada, una revaluación de su moneda, un aumento de las exportaciones y avances hacia la transición energética, Colombia mantiene una calificación crediticia especulativa (BB+), según las principales agencias calificadoras. Este documento argumenta que dicho rezago no se debe a los fundamentos macroeconómicos recientes, sino a la acción obstructiva de actores institucionales como las altas cortes, el Congreso de la República y, en menor grado, el Banco de la República. La falta de aprobación de reformas estructurales, especialmente fiscales, ha generado una percepción de ingobernabilidad que pesa más que los indicadores económicos positivos.
1. Contexto actual de la calificación crediticia de Colombia
Calificación actual (2025): BB+ (S&P y Fitch), Ba2 (Moody’s).
Estatus: Sin grado de inversión, considerado especulativo o de alto riesgo.
Consecuencias prácticas: Costos de endeudamiento más altos, menor acceso a mercados financieros internacionales, restricción de inversión institucional.
2. Indicadores macroeconómicos positivos
Inflación interanual por debajo del 5%, la más baja en varios años.
Superávit comercial creciente gracias a mayores exportaciones no tradicionales.
Revaluación del peso colombiano frente al dólar en el último año.
Transición energética en curso y políticas de descarbonización.
Estos indicadores deberían haber impulsado una mejora en la calificación, pero no ha sido así.
3. Factores institucionales que obstaculizan la mejora de calificación
a. Altas Cortes (Corte Constitucional y Consejo de Estado):
Han anulado decretos de emergencia económica y frenado reformas estructurales.
Generan inseguridad jurídica y dificultan la planeación fiscal y económica.
b. Congreso de la República:
Ha bloqueado o desnaturalizado reformas tributarias, laborales y de salud.
La falta de acuerdos legislativos sostenibles reduce la capacidad del Ejecutivo para ejecutar una agenda fiscal creíble.
c. Banco de la República:
Aunque técnicamente autónomo y prudente, ha tardado en ajustar tasas ante la mejora inflacionaria.
Su conservadurismo limita la política contracíclica y el crecimiento.
4. Conclusión: El riesgo no está en los datos, sino en la gobernabilidad
Las calificadoras no evalúan exclusivamente cifras económicas, sino la capacidad institucional de un país para sostener una trayectoria fiscal, social y política coherente. En el caso colombiano, la falta de coordinación interinstitucional, la obstrucción política y la judicialización de la política han contribuido más a la calificación especulativa que el desempeño macroeconómico reciente.
Recomendación: Se requiere un nuevo pacto institucional que permita la aprobación de reformas estructurales, estabilidad jurídica y gobernabilidad fiscal para recuperar la confianza internacional y mejorar la calificación soberana del país.
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