El paro camionero en Colombia ha desatado un conflicto con dimensiones tanto económicas como políticas. Las principales demandas de los transportadores giran en torno al aumento en el precio del ACPM y las tarifas de fletes que reciben de las grandes empresas, pero algunos sugieren que detrás del paro también hay un intento de desestabilización política por parte de sectores de derecha, en un escenario similar al golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende.
Aumento del precio del ACPM y tarifas de fletes
El aumento del precio del ACPM ha sido uno de los principales detonantes del paro. El gobierno incrementó el precio en COP 1,904 por galón, con la posibilidad de que aumente hasta COP 6,000 en 2025, como parte de un esfuerzo para alinear los precios internos con los internacionales y hacer frente al déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que había mantenido los precios artificialmente bajos(infobae)(El Carro Colombiano).
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió el ajuste argumentando que el aumento está dirigido principalmente a grandes consumidores como las industrias minera y petrolera, que compran el combustible en grandes cantidades. No obstante, los transportadores sostienen que el impacto será inevitable para todos los sectores, incluidos los pequeños propietarios(El Carro Colombiano). Además, los transportadores también reclaman por el incumplimiento de las tarifas de fletes establecidas por el SICETAC, señalando que las grandes empresas de transporte no respetan estos costos mínimos, lo que agrava aún más su situación(Legiscomex).
Desigualdad en la representación y posible paro político
Un factor clave en la crisis es la brecha en la representación dentro del sector transporte. Las grandes empresas, muchas de las cuales cuentan con vehículos que superan los mil millones de pesos en valor, tienen una presencia y poder mucho mayor en las mesas de negociación, dejando a los pequeños propietarios en desventaja. Muchos pequeños transportadores se sienten utilizados, afectados e incluso obligados a participar en el paro, ya que sus intereses no están bien representados(Legiscomex).
Este descontento ha llevado a algunos a plantear que detrás de la protesta podría haber un paro político, organizado por empresarios de derecha para desestabilizar al gobierno de Gustavo Petro. En un escenario que recuerda a lo que ocurrió en Chile con el paro camionero que precedió al golpe contra Salvador Allende, los grandes transportadores estarían promoviendo el paro con una agenda política oculta, mientras que los pequeños propietarios, quienes sufren directamente los efectos de los aumentos de costos, son arrastrados a la crisis(Legiscomex).
Respuesta del gobierno: diálogo y respeto a la protesta
El gobierno de Gustavo Petro ha sido enfático en respetar el derecho a la protesta y ha declarado que no utilizará la represión violenta para resolver el conflicto. En lugar de recurrir a las tácticas violentas como las que empleó la dictadura en Chile, Petro ha optado por un enfoque de diálogo. El gobierno ha enviado funcionarios a las diferentes regiones del país para hablar directamente con los transportadores y pequeños propietarios, escuchando sus demandas y buscando soluciones negociadas(infobae)(El Carro Colombiano).
Además, el gobierno ha ordenado abrir las vías bloqueadas sin el uso de la fuerza. No se ha desplegado al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), y las autoridades han priorizado la negociación pacífica para lograr que los transportadores colaboren en el desbloqueo de las carreteras(Legiscomex).
Esta estrategia es coherente con la visión de Petro de evitar los errores del pasado, protegiendo a los sectores populares y enfrentándose a las mafias económicas que, según él, buscan aprovecharse del paro para debilitar su administración. Petro ha subrayado que su gobierno no será derrocado por intereses corporativos o desestabilizadores, y que su prioridad es defender a los sectores más vulnerables frente a esta coyuntura económica(infobae)(El Carro Colombiano).
Conclusión
El paro camionero en Colombia refleja un conflicto en el que las demandas económicas se entrelazan con una posible agenda política. Mientras que los transportadores denuncian el impacto del aumento del precio del ACPM y el incumplimiento de las tarifas de fletes, el gobierno de Gustavo Petro ha respondido con una postura de respeto al derecho a la protesta, priorizando el diálogo y evitando el uso de la violencia. A la vez, algunos sectores sugieren que los grandes empresarios podrían estar instrumentalizando el paro con fines de desestabilización política, en un intento de debilitar al gobierno de izquierda, tal como ocurrió en Chile en 1973.
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