Plan Narcofascista en Colombia: Análisis de una Estrategia de Desestabilización Política y Crimen Organizado

Plan Narcofascista en Colombia: Análisis de una Estrategia de Desestabilización Política y Crimen Organizado

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1. Introducción

Colombia atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. El gobierno de Gustavo Petro, el primero de izquierda en el país, enfrenta una creciente oposición política, embates judiciales, presión de los medios de comunicación, ataques violentos contra la Fuerza Pública y, recientemente, un atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Estos hechos, aunque en apariencia desconectados, pueden ser leídos como parte de un fenómeno mayor: una estrategia sistemática de desestabilización en la que convergen intereses del crimen organizado y de sectores de la oposición.

Esta coyuntura no puede comprenderse sin tener en cuenta el patrón histórico de violencia contra las expresiones políticas de izquierda en Colombia. Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 —evento que marcó el inicio de una violencia sistemática contra el cambio social— hasta los magnicidios de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro Leongómez y Álvaro Gómez Hurtado (este último, un conservador con una visión progresista), el país ha vivido una eliminación sistemática de liderazgos alternativos. La Unión Patriótica, uno de los proyectos políticos más prometedores de la izquierda, fue prácticamente exterminada en un genocidio político sin precedentes. Más recientemente, el asesinato de Carlos Gaviria, y de líderes sociales y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, evidencia la continuidad de esta política de exterminio silencioso y violento.

Este documento propone una hipótesis de trabajo: nos encontramos ante el despliegue de un plan narcofascista, una alianza tácita entre estructuras del narcotráfico, grupos armados ilegales, y sectores de la derecha política y económica, cuyo objetivo es generar caos, desgastar al gobierno y preparar el terreno para la recuperación del poder ejecutivo.

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[El resto del documento continúa sin cambios aquí...]

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7. El papel de las Altas Cortes: Corte Constitucional y Consejo de Estado

En un fenómeno sin precedentes en la historia reciente de Colombia, las Altas Cortes han adoptado un rol activo como freno institucional al proyecto de reformas del Ejecutivo. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han emitido decisiones que, más allá de su legalidad formal, tienen una profunda carga política. Se han declarado inconstitucionales artículos claves de las reformas sociales, frenado decretos presidenciales en materia de emergencia y modulado leyes fundamentales, al punto de convertirse en actores deliberantes del poder político.

Estas decisiones, lejos de ser técnicas o neutras, se han convertido en una forma de oposición oculta, que ignora el mandato democrático del Ejecutivo y genera un escenario de “choque de trenes”. Las cortes, bajo el discurso del control constitucional, han asumido una posición casi dictatorial, debilitando el principio de separación colaborativa de poderes propio de un Estado Social de Derecho.

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8. Congreso de la República: Bloqueo sistemático y cooptación del debate democrático

El Congreso, especialmente por parte de los partidos tradicionales y sectores de derecha, ha implementado una estrategia de saboteo institucional. Reformas estructurales como la reforma a la salud, pensional y laboral han sido frenadas no por argumentos técnicos sino por cálculos electorales, presiones corporativas y alianzas ocultas con sectores económicos afectados por dichas transformaciones.

Se configura así un Congreso que actúa como un órgano paralizante, convertido en poder no concurrente y contrario al Ejecutivo, desconociendo la voluntad popular expresada en las urnas en 2022. La coalición inicial que respaldó al gobierno se disolvió bajo presiones mediáticas, económicas y judiciales, dejando al presidente sin una mayoría funcional para gobernar.

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9. Medios de comunicación oligárquicos, influencers de derecha y operación de bodegas

La guerra mediática contra el gobierno ha sido implacable. Grandes conglomerados de comunicación, controlados por grupos económicos contrarios al proyecto de cambio, han diseñado una narrativa permanente de caos, desgobierno y miedo. Se invisibilizan los logros del gobierno y se exageran o distorsionan los problemas, configurando un escenario de opinión pública adversa.

Influencers de derecha y líderes de opinión aliados a estos sectores han proliferado en redes sociales con discursos de odio, desinformación y pánico moral. La existencia de bodegas digitales, recientemente reconocida incluso por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, evidencia una estrategia deliberada de manipulación del debate público y de ataque sistemático contra figuras del gobierno, periodistas críticos y movimientos sociales.

Este componente mediático es clave en la articulación del plan narcofascista: mientras las acciones violentas generan terror, las narrativas digitales y mediáticas generan resignación, desesperanza y deseo de “orden”, preparando el terreno para un eventual retorno de la derecha al poder.

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10. Conclusión y Recomendaciones

Nos encontramos ante una coyuntura crítica en la que el Estado, el gobierno y la democracia están bajo amenaza. El avance del plan narcofascista, aunque no totalmente visible, puede inferirse de la coordinación entre hechos violentos, narrativas mediáticas, decisiones judiciales anómalas y estrategias opositoras. La ausencia de una respuesta articulada desde el bloque progresista agrava la situación.

Recomendaciones:

1. Reorganización del Pacto Histórico: crear una instancia de coordinación nacional que articule discurso, movilización y defensa institucional.

2. Fortalecimiento de la inteligencia estatal: identificación y neutralización de nexos entre crimen organizado y actores políticos.

3. Campaña de comunicación estratégica: contrarrestar la narrativa del caos con datos, testimonios y pedagogía política.

4. Defensa del orden democrático desde los territorios: impulsar asambleas populares, comités ciudadanos y redes de defensa del gobierno legítimo.

5. Internacionalización de la denuncia: activar mecanismos diplomáticos y organismos internacionales ante posibles planes de intervención o golpe blando.

Solo una acción integral, firme y cohesionada podrá enfrentar esta amenaza creciente y defender la voluntad popular expresada en las urnas.

ver también: https://movimientoprogresistacolombiano.blogspot.com/2025/06/atentado-al-candidato-del-centro.html 

MdeC LaGenteDePetro #DeMentes

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Atentado al candidato del Centro Democrático: Inconsistencias, dudas forenses y aprovechamiento político

 

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Atentado al candidato del Centro Democrático: Inconsistencias, dudas forenses y aprovechamiento político

El reciente atentado contra un joven candidato del Centro Democrático en Colombia ha generado una oleada de reacciones, solidaridad y, al mismo tiempo, profundas dudas sobre lo ocurrido. A pesar de que las autoridades han capturado al presunto agresor y la Fiscalía ha abierto una investigación formal, persisten múltiples incongruencias en los hechos relatados que han sido señaladas por periodistas, analistas forenses y ciudadanos.

En este artículo analizamos las principales dudas que se han generado en redes, medios y círculos políticos, cruzándolas con elementos técnicos y el contexto histórico del sicariato en Colombia.

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1. ¿Cuántos disparos realmente hubo? ¿Y quién disparó?

Inicialmente se habló de 12 tiros, pero versiones posteriores han indicado que podrían haber sido 8 disparos en total. De esos, al menos uno habría estado en la recámara del arma del presunto atacante, mientras que otros disparos provinieron de los escoltas, quienes repelieron el ataque e hirieron al joven implicado.

Este nuevo conteo deja aún varias incógnitas:

• ¿Cuántos impactos fueron realmente del arma del sicario?

• ¿Cuál fue el recorrido de las balas? ¿Dónde están los impactos?

• ¿Cuáles fueron los disparos de los escoltas y cómo se diferencian balísticamente?

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2. El arma y la herida: un disparo a quemarropa con daño mínimo

A pesar de estar a muy corta distancia, el candidato solo sufrió una herida superficial, según los reportes médicos. Un disparo con una pistola 9mm a esa distancia debería tener un efecto considerablemente más letal, incluso con una bala de bajo poder de penetración.

Esto ha llevado a especular:

• ¿El disparo fue intencionalmente “fallido”?

• ¿Se usó un tipo de munición de bajo impacto?

• ¿El arma tenía defectos?

Los expertos forenses coinciden en que un disparo a quemarropa suele producir daños graves por la combinación de proyectil, gases y residuos de pólvora. En este caso, la herida ha sido descrita como “mínima”, lo que fortalece las dudas.

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3. La huida a pie y sin cómplices visibles

Contrario a los patrones clásicos del sicariato en Colombia —que usualmente implican dos personas en motocicleta—, el agresor huyó a pie y solo, sin ruta clara de escape. Este comportamiento resulta altamente inusual para un atentado que supuestamente tendría motivación criminal o política.

Además, la zona del atentado no era especialmente solitaria ni desprotegida, lo que complica aún más la hipótesis de un atentado profesional.

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4. El evento era improvisado y de bajo perfil

El acto político no fue masivo ni ampliamente anunciado. Según los reportes, no había una ruta conocida por el vecindario ni medidas extraordinarias de seguridad. Esto contradice la narrativa de un plan sofisticado de atentado: ¿cómo sabía el agresor con precisión dónde y cuándo actuar?

Además, atentados de tipo político en Colombia suelen ocurrir en zonas alejadas, en horas nocturnas o en condiciones donde las investigaciones forenses se dificultan. En este caso, el ataque fue a plena luz del día y ante múltiples cámaras.

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5. Ambulancia exprés y celular desaparecido

Llamó poderosamente la atención la inmediata presencia de una ambulancia, que parecía llegar casi de inmediato después del disparo. No hay claridad sobre si hubo una llamada previa de emergencia o si, por coincidencia, se encontraba patrullando.

Por otro lado, el celular del atacante no ha sido mostrado públicamente, y hay versiones que sugieren que desapareció en el tumulto. Este aparato sería clave para verificar:

• ¿Con quién hablaba antes del atentado?

• ¿Recibió instrucciones?

• ¿Tenía vínculos políticos o criminales?

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6. La extraña motivación del sicario: ¿un jefe de olla ordenó el ataque?

En sus primeras declaraciones, el joven capturado afirmó que fue obligado a cometer el atentado y que quien dio la orden fue el jefe de una "olla" (punto de venta de drogas del barrio).

Este elemento ha generado desconcierto: en casos de atentados políticos, los autores intelectuales suelen tener intereses ideológicos o estratégicos claros, no provienen del microtráfico barrial. La supuesta conexión con un jefe de olla local contradice la lógica de una conspiración con tintes políticos o ideológicos.

Además, el propio atacante dijo que le dieron los números del evento y del blanco, lo que sugiere algún grado de planeación… pero también puede apuntar a una manipulación de alguien con poder local.

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7. La figura del “hombre de rojo” y la navaja

Uno de los detalles más virales fue la aparición de un hombre con camiseta roja que intentó agredir con una navaja al atacante tras el disparo. Su presencia y comportamiento han levantado dudas:

• ¿Era un civil espontáneo, o parte de una “puesta en escena”?

• ¿Por qué logró acercarse tanto sin ser detenido por la seguridad?

• ¿Cuál es su identidad y motivación?

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8. Declaraciones de la Fiscalía y contradicciones mediáticas

La Fiscalía General de la Nación informó que el atacante fue judicializado y enfrenta cargos por tentativa de homicidio. Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado una hipótesis clara sobre el móvil, más allá de la versión del “jefe de olla”.

Esto contrasta con el uso político del hecho por parte de figuras del Centro Democrático, quienes casi de inmediato lo presentaron como una acción premeditada por sectores contrarios, sin pruebas que respalden esa narrativa.

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9. Las observaciones de periodistas alternativos

El periodista Daniel Coronel y otros medios alternativos han señalado incongruencias adicionales:

• La ausencia de claridad en el parte médico oficial.

• La manipulación mediática inmediata del hecho.

• La falta de transparencia en la cadena de custodia de evidencias.

Además, se ha cuestionado la forma en que algunos candidatos de derecha capitalizaron el atentado, emitiendo mensajes de "defensa de la democracia" y "salvación nacional", sin esperar el avance de la investigación judicial.

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Conclusión: ¿Atentado político, manipulación o teatro electoral?

El caso está plagado de inconsistencias:

• Disparos fallidos a quemarropa

• Motivaciones contradictorias

• Logística inusual para un sicariato

• Testimonios confusos

• Uso inmediato con fines de propaganda

Aunque toda tentativa de asesinato debe ser condenada y juzgada con rigor, la ciudadanía tiene derecho a cuestionar los hechos cuando los indicios no cuadran. Ya sea un atentado torpe, un encargo barrial manipulado, o incluso un montaje político, este caso exige una investigación profunda, imparcial y forensemente sólida.

Tienes mas hipótesis? inclúyelas en comentarios.

Hipótesis: Avance de un plan narcofascista en Colombia

A la luz de los hechos políticos recientes en Colombia —incluyendo el aumento de la tensión entre las fuerzas políticas, la lucha contra el narcotráfico, los planes pistola contra la Policía y el reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay— puede formularse la siguiente hipótesis: nos encontramos ante el despliegue de un plan narcofascista, que busca escalar la confrontación política y social para desestabilizar al gobierno del presidente Gustavo Petro y facilitar el retorno de sectores mafiosos y corruptos al poder ejecutivo.

Este plan combinaría elementos del crimen organizado y de la ultraderecha política, operando con lógica mafiosa: promover el caos y el miedo, tensionar las relaciones entre derecha e izquierda —incluyendo la infiltración de disidencias armadas y facciones del ELN con vínculos en el narcotráfico—, y articular una alianza de hecho entre estas estructuras ilegales y sectores de la oposición política. El objetivo es claro: recuperar el control del poder ejecutivo, el único que les falta para restablecer su dominio sobre las redes de corrupción y narcotráfico. En este contexto, Gustavo Petro representa un obstáculo a remover.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay no debe ser leído como un hecho aislado o fortuito, sino como parte de un escalamiento de acciones criminales y políticas que benefician tanto a los narcos como a la oposición. Tal como lo ha advertido el propio presidente Petro, este plan tiene componentes internacionales —con base en el exterior— y complicidades internas que le dan operatividad.

Para generar un clima de enfrentamiento y zozobra, se emplean tácticas como los planes pistola contra la Policía y, ahora, contra figuras públicas. Se infiltran estructuras armadas y se difunden comunicados sobre posibles atentados y amenazas, muchos de los cuales serían generados o inducidos por los mismos actores interesados en la desestabilización.

La derecha, de manera conveniente, alimenta esta tensión. A medida que se acercan las elecciones, le resulta útil construir un ambiente de catástrofe, desesperanza, crisis y terror, posicionando al gobierno como incapaz de gobernar. Se despliega así una estrategia de poder autoritario encubierto, en la que actores políticos y mediáticos opositores actúan como desestabilizadores, fortaleciendo una narrativa basada en la repetición: “con todo lo que está pasando…”. Esta narrativa se amplifica en redes sociales, no solo con discursos sino con acciones directas que tienen un claro tono golpista.

En contraste, la izquierda y el Pacto Histórico parecen estar paralizados. Presas de intereses grupales, disputas internas, infiltraciones y estrategias de división, se han alejado de la acción política propositiva. Los partidos que lo conforman han cedido protagonismo y no articulan una respuesta política coherente frente a la ofensiva. Las intervenciones de sus congresistas tienden a ser aisladas y proselitistas, más que estratégicas o colectivas.

En conclusión, lo que estamos presenciando no es una simple coyuntura de polarización, sino la posible ejecución de un plan narcofascista que articula crimen organizado, oposición política y operaciones psicológicas, con el fin de desestabilizar al gobierno, generar una percepción de ingobernabilidad, y abrir camino a una recomposición autoritaria del poder en Colombia.

Presidente @petrogustavo envía un mensaje a la unidad nacional y pide que se investigue por qué el día del atentado contra el candidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay su esquema de seguridad fue disminuido.

Frente a los distintos cuestionamientos sobre la protección del senador Miguel Uribe Turbay, el director de la

@UNPColombia Augusto Rodríguez, señala: 

El esquema del senador es mixto, cuenta 4 personas de la Policía y 3 de la Unidad Nacional de Protección.  El coordinador del esquema es vicecomisario de la Policía, es decir, es el encargado de orientar y disponer el esquema de seguridad del senador. Para el día de los lamentables hechos, había menos personas de las que debería haber.  La actividad del sábado en Modelia del senador y precandidato Miguel Uribe, no fue coordinada ni con la Policía ni con la UNP.

quien es el de rojo, este celular será el del sicario? lo quería apuñalear.