Entre más nos atacan, más crece la Colombia Humana: José Cuesta Novoa

En el ocaso del mes de junio se conocieron los resultados de dos encuestas distintas sobre intención de voto y favorabilidad de los candidatos a la presidencia de la república, en los comicios de 2018.

La primera de ellas realizada por los mosqueteros, empresa constituida por cuatro firmas encuestadoras inscritas ante el Consejo Nacional Electoral, CNE. La encuesta fue realizada por las firmas JPG Investigación de Mercados E.U, Mediciones y servicios de Marketing, SEE - Servicios Especializados de Estadística SAS, Yamil Cure Ruiz y preguntó: "Si las elecciones para la Presidencia de la República de Colombia fueran hoy de los siguientes Precandidatos ¿Usted por cual votaría?". El resultado de la misma es: Gustavo Petro 17,5%; Sergio Fajardo 15,6%; y German Vargas Lleras con el 14,9%, entre otros.

La segunda encuesta, la de Gallup Poll, establece quienes de los candidatos presidenciales gozan de la mayor favorabilidad entre los colombianos. Resalto de esta medición el cómo la imagen favorable de Gustavo Petro crece, obteniendo un 38%, mientras su desfavorable decrece con relación a sondeos anteriores, obteniendo 42%.

El otro dato interesante de Gallup es la caída de 11 puntos porcentuales de la imagen favorable de Álvaro Uribe Vélez, si se toma en cuenta el comparativo entre diciembre de 2016 y la actual encuesta, en donde un obtiene un favorable de 46%. Constituyéndose en la noticia de la encuesta, el teflón de Uribe se rompió.

La paradoja de la persecución consiste en que entre más se persiga una idea, más se prohíba una conducta, más se reprima una opinión, más se ataque un hombre, como es el caso de Gustavo Petro, sitiado por los organismos de control del Estado Colombiano, éste crece exponencialmente y en una relación directamente proporcional al tamaño de las persecuciones. Para la muestra una encuesta, Petro lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2018.

En su momento fue el ex-procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez quien lo destituyó por adoptar un nuevo esquema de recolección de los residuos en Bogotá, atendiendo entre otras razones, la decisión de la Corte Constitucional que obligaba al distrito capital a incluir a los recicladores en la cadena de aprovechamiento del reciclaje. La destitución del Alcalde Petro, demostró que la oligarquía colombiana es tan rapaz que ni siquiera está dispuesta a compartir el negocio de las basuras con los humildes de este país.

Posteriormente el rol de la persecución institucional contra Gustavo Petro, lo ha venido cumpliendo el contralor distrital Juan Carlos Granados, quien le impuso una sanción fiscal de $ 217 millones, porque el burgomaestre en su momento decidió reducir las tarifas de Transmilenio, garantizando con esa medida, un beneficio social y económico a los sectores menos favorecidos de la sociedad bogotana. En su más reciente actuación institucional, el órgano de control fiscal del distrito capital, determino imputarle cargos a Petro por las recompra de la Transportadora de Gas Internacional TGI. Según la contraloría distrital, Petro habría incurrido en un detrimento patrimonial a la ciudad; insólita acusación, si se tiene en cuenta que, de prosperar tal imputación, sería la primera vez en el mundo, en donde a un funcionario de elección popular se le impondría una sanción fiscal por aumentar el valor económico global de la empresa, al igual que el valor de la acción. Esa es la realidad de TGI cuyos resultados a 2016 arrojan un valor de la compañía de hasta 3,1 billones de dólares.

Luego de conocer los resultados de las más recientes encuestas podemos concluir: les está saliendo el tiro por la culata. Mejor dicho: Entre más nos atacan, más crece la Colombia Humana.